El socio de Pepán ha acusado de miles de dólares a YPF por mediar en el reparto de los activos de Petróleo

las fechas no coinciden

Pero las inconsistencias más graves en toda la documentación están en las fechas, lo que levantó las sospechas de los investigadores. El acuerdo marco con el que Rufino se integró en YPF tiene fecha formal de 19 de febrero de 2018 y se basa en una propuesta presentada en mayo de 2017. Recientemente se certificó ante notario el 31 de julio de 2018 y parece que el abogado cercano a A Pepn presta servicios desde diciembre de 2016, sin ningún marco contractual durante 1 año y 9 meses. Sin embargo, su primera factura y registro del contrato por parte de Fernández Lahore data del 23 de agosto de 2016. Dos años antes de la finalización de los rigurosos trámites y cuatro meses después de la versión inicial de su establecimiento.

Yo $ 100.000

La autorización general administrativa y judicial para que Rufino actúe prorrogada por el propio Fernández Lahore está fechada el 30 de mayo de 2017. Sin embargo, existen al menos 6 facturas anteriores por valor de $ 80.000 cuyo estado contractual se desconoce, por el período comprendido entre agosto de 2016 y mayo de 2017. Rufino recibió estos montos sin tener facultades ni funciones reguladas en YPF. Además, no hay ningún elemento externo (como un correo electrónico, una nota interna o un acuerdo) que brinde pistas sobre por qué se le pagó el dinero. Pero las curiosidades no se detienen: los documentos laborales y la propuesta de compensación que Fernández Lahore entregó a Servini (en su cargo actual) no presentan ningún tipo de aprobación por parte de YPF. No tienen firma ni tutor.

La fachada con la que Rufino ingresó a trabajar en la estatal petrolera bajo el contrato no firmado -se habría limitado a su asesoría en los juicios internacionales Eton Park, Petersen, Maxus y la definición de la estrategia legal en el caso Paz Herrera. Los dos primeros son reclamos de fondos buitres derivados de la nacionalización, el tercero una disputa ambiental de una subsidiaria fallida y el último una reconvención de un abogado y pequeño accionista que acusó a los Kirchner de fraude en un supuesto negocio con Eskenazis y Repsol. Ninguno de estos casos estuvo relacionado con la situación de la petrolera Oil. Pero Rufino acordó cobrar $ 170 por hora más un bono mensual de $ 20,000, más otro bono basado en puntajes de exámenes internacionales. Pero ningún documento menciona que el abogado cercano a Rodríguez Simón habría intervenido en la adquisición de los activos de Oil, a través de YPF. Su participación la revelan dos facturas presentadas por 50 mil dólares cada una para tomar posesión de los restos de la petrolera Indalo. Además, el Acuerdo General prohibía expresamente a Rufino cobrar otro tipo de servicios que no estuvieran contemplados sin regirse por los lineamientos de un contrato escrito.

En la lista de irregularidades, se destaca que no solo hay una factura por 13.600 dólares de agosto de 2016, sino que también se ha emitido la primera factura de Rufino por la adquisición de los activos de Oil (según se detalla) por un monto de 50.000 dólares el 06. /28/2018 y pagado el 25 de julio de este año. El comité de inversiones de YPF, que debía aprobar la adquisición de los activos de Oil, lo hizo recién en agosto de 2018. Un mes antes, a Rufino le habían pagado por una gestión que no formaba parte de sus funciones (y por la que en particular no podía haberlo hecho). recibió algo de la empresa petrolera nacional que no estaba especificado en su contrato) y que, en la práctica, aún no se había producido.

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Germe Fernández Lahore. Actualmente Vicepresidente de Asuntos Jurídicos de YPF.

Operación OCSA

El 23 de agosto de 2018 Rufino recibió un poder especial junto con el Vicepresidente de Downstream Santiago Martínez Tanoira emitido por Fernández Lahore para que uno de ellos intervenga en representación de YPF en el procedimiento de licitación pública nacional y los bienes de la empresa en cuestión, Quiebra de Combustibles de Petróleo. Pasó una semana antes de que se planteara el tema en el Comité de Inversiones. Pero casi un mes antes, el 25 de julio de 2018, ya existía un billete de $50.000 que Rufino había cobrado como parte de la Operación Contratación de OCSA (razón social Petróleo) que, como se mencionó, había sido emitido un mes antes. Fecha. Así, dos meses antes de que el comité de inversiones diera luz verde a YPF para participar en la licitación para adquirir la refinería de San Lorenzo, Oporto, las bodegas y la red de estaciones de servicio, alguien sabía de antemano cuál ganaría. ser el destino de estos bienes.

cuentas

No solo tienen que aportar 23 facturas de Rufino, sino que YPF inexplicablemente está desafiando a la justicia. Algunos otros tienen como motivo de pago el programa de propiedad compartida y el caso SPA, que tampoco está contenido en su contrato., mientras que el criterio de «pago de mayonesa» aparece en el sistema en ausencia de un enlace. Por ejemplo, Rufino facturó $6.630 por asesoría legal el 24/04/2018, que son 39 horas de trabajo. Se desconoce la respuesta a esta opinión ya que no hay referencias que la enmarquen, pero lo que sí se sabe es que Rufino lo dijo y la estatal petrolera pagó.

El 10/12/2018 -un año prolífico para Rufino- el abogado envió una nota a Daniel González, entonces director general en la gestión de Mauricio Macri, especificando adjuntar la factura correspondiente al acuerdo de honorarios de éxito por la adquisición de activos petroleros de Petrolera. Combustibles como parte del procedimiento concursal, pero sin requisito alguno que justifique su actuación en el procedimiento. Esta nota formal vino como una especie de truco para una situación que -de hecho- sucedió 5 meses antes.

Pero la acumulación de irregularidades alcanzó su punto máximo el 09/06/2018. Martínez Tanoira presenta oferta de retención de activos de Oil al directorio de YPF. Allí, el vicepresidente admite que la base de $42 millones para la subasta es un valor muy bajo, incluso para el potencial de los activos. Sugiere que su precio puede ser inferior al valor real. Con toda justicia, esta operación se llama un precio despreciable.

DAPSA

En la documentación que actualmente obra en poder del juzgado, hay dos tramos más de la misma operación. Una vez en posesión del negocio de Petróleo, YPF vendió los contratos de las estaciones de servicio a DAPSA (Destilera Argentina de Petrleo SA). Pero, además, contaba con la autorización del directorio de la estatal petrolera para firmar un contrato de suministro exclusivo con DAPSA, que contaba con el contrato correspondiente. En paralelo, Servini tiene una copia de la oferta de Delta Patagonia para comprar activos petroleros y el contrato de suministro relacionado. Pero aquí también reaparece Rufino, pero con otro papel. En el punto 3 de la propuesta de participación conjunta, DAPSA anunció que unificaría la persona pero bajo el representante de YPF, Marcelo Rufino. En otras palabras, ¿por qué una empresa privada hace una propuesta a la estatal petrolera y deja la representación de esta operación en manos del abogado cercano a Pepn? En el acta, hasta el momento, no hay indicios de justificación de esta conducta. El poder general de administración y disposición de DAPSA está a favor de un abogado cuyo domicilio en Rua Esmeralda coincide con la empresa de servicios inmobiliarios Delta del Plata SA.

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omisiones

Entre los elementos que YPF (todavía) no ha proporcionado están el directorio donde se habría aprobado la OPA sobre YPF -como parte de la quiebra- ni el que aprueba la venta de las estaciones a la empresa Delta, de la cual no hay rastros de experiencia técnica que justifiquen su elección. ¿Hubo un cálculo de precio para elegir al mejor postor para alcanzar la meta de operaciones rentables para YPF? Misterio. Negociaciones para lograr este resultado, no había rastro. El lío fue tal que en el contrato de suministro con Delta, YPF le asigna una vigencia entre 2018 y 2023. Pero sin especificar fecha de inicio y fin, que es intrínseco a casi todos los contratos. Todo esto constituye un paso más para confirmar la hipótesis de que hubo un plan coordinado entre los más altos niveles del poder ejecutivo que comandaba Macri con objetivos políticos, pero también económicos. La demolición de Oil Combustibles (y los beneficios que generó) también respalda ese acuerdo negociado poco claro que llevó a la empresa a intentar llevarla a la quiebra en un proceso inusualmente rápido.

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